Por Roselin Chocoj, Carolina Ortiz e Isaías Ramírez.
Guatemala se ha caracterizado por ser un país donde la información sobre salud sexual y reproductiva es un tabú. Sin embargo, es un problema muy arraigado en la sociedad; tanto que hace unas semanas, la Corte Suprema de Justicia ordenó una investigación contra el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, por la distribución de un manual sobre derechos sexuales y reproductivos que dicha institución realizó en 2015 y que “promueve el aborto”. Mientras que, el Observatorio de Salud Reproductiva contabilizó hasta mayo de este año 46,863 embarazos en niños y adolescentes de 10 a 19 años de edad.
El Estado entiende el término salud reproductiva como “un estado general de bienestar físico, psíquico, personal y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad humana, con las funciones y procesos del sistema reproductivo, y con una vida sexual coherente”, según se manifiesta en el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Social.
Desinformación sobre métodos anticonceptivos
Según la guía Desmitificando Datos: evidencia para mejorar la salud y los derechos sexuales de la gente joven, realizada por el Instituto Guttmacher, se determinó que en 2014, tres de cada diez mujeres con edades comprendidas de 15 a 19 años habían tenido ya una experiencia sexual; sin embargo, menos de la mitad de esta población conocía algún método anticonceptivo, ya que muchas de estas adolescentes viven en áreas rurales donde muchas no tienen acceso a la educación.
No obstante, en el área rural también se dificulta el acceso a la salud. En el caserío Los López, ubicado en Jalapa, no hay un centro de salud, por lo que cuando las mujeres buscan métodos anticonceptivos, usualmente inyecciones o pastillas, tienen que ir al hospital ubicado en la cabecera departamental, sin embargo al llegar les niegan el acceso.
“Cuando uno llega, no se la ponen (la inyección) porque uno no es de allá. Nos dicen que busquemos el centro de salud de la comunidad, y no hay, no tenemos”, afirmó la fuente, quien desea permanecer en el anonimato.
¿Conocés tus derechos sexuales y reproductivos?
María Elsa de 18 años de edad, originaria de Quiché, contó a DW Español, que sufrió de violencia a manos de su entonces novio, "él me decía -vas a tener una vida feliz-, pero al llegar a su casa me encerró y me comenzó a pegar con palos de escoba. A veces lloraba, empezaba a pensar que estaba encerrada en un cuarto y no podía hacer nada”. Él la obligaba a mantener relaciones sexuales, y la violentaba durante el acto.
Posteriormente, María resultó embarazada y esto solo aumentó la violencia en su relación, “me preocupé tanto cuando estaba embarazada de mi nena, porque él me dio unas 3 patadas en el estómago”. Al desconocer sus derechos sexuales y reproductivos; solamente obtuvo el conocimiento cuando la fundación Centro de Paz, le brindó ayuda.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó estudios latinoamericanos que concluyen que tan solo el 5% de las víctimas de violencia sexual en edad adulta, han hecho una denuncia a las autoridades pertinentes.
Efectos de la coacción sexual en la salud
La OMS define la violencia sexual como: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas”.
Los datos que arrojó el documento de la OMS, “Comprender y abordar la violencia contra las mujeres” indican que los afectados pueden sufrir consecuencias mentales, como cambio de conducta: ansiedad, depresión y trastornos de pánico y consecuencias sociales, como riesgo de perpetrar violencia sexual, agresividad, e introversión.
No obstante, el informe realizado por la OMS en su versión en inglés “World Health Organization” determinó que es el género femenino quién soporta la carga más abrumadora de traumatismos y enfermedades resultantes de los abusos sexuales; por ejemplo embarazos no deseados, abortos inseguros y un mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual.
¿Qué hay de la comunidad LGBTIQ+?
La comunidad LGBTIQ+ ha sido una de las más afectadas en el ámbito de derechos sexuales y por eso mismo, se han creado distintas organizaciones que mantienen la lucha por estos derechos. Dentro de las primeras organizaciones se encuentran la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida (Oasis) y el Colectivo Amigos contra el Sida (CAS).
CAS es actualmente una de las instituciones que mayor atención provee en relación a la prevención y atención a personas con VIH/SIDA aunque actualmente solo está enfocada para los hombres gays y bisexuales. Además, establece que la prueba de diagnóstico y el resultado debe ser confidencial y se debe proveer una asesoría y orientación antes y después de la prueba.
La Ley General para el Combate del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), delega en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) la responsabilidad de distribuir información y programas dirigidos a prevenir las ITS y el VIH/SIDA y garantizar el acceso de conformidad a los idiomas predominantes en cada región.
ONUSIDA, en 2018, lanzó una campaña denominada Indetectable = Intransmisible, la cual está basada en estudios científicos realizados desde 2007 a 2016 en los cuales las personas que viven con el VIH con una carga viral indetectable, no pueden transmitir el VIH mediante el intercambio sexual.
Indetectable porque al medicarse reducen la cantidad de virus en su organismo,e intransmisible porque el porcentaje de virus es tan bajo, que no pueden transmitirla a su compañero sexual. (Fotografía: Coordinadora Estatal de VIH y Sida).
En un comunicado de prensa, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), externó su preocupación debido a los altos índices de embarazos en niñas y adolescentes menores de edad. Así mismo, en dicho documento la CEG manifestó, “nos preocupa la propuesta de una educación sexual, laica, ética y científica; con una exclusión explícita de los valores y de la cosmovisión religiosa, sobre todo la cristiana”.
Además, en julio de este año, la CEG expresó que “la posición de la Iglesia católica es clara y firme en la defensa de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Lo es también en el reconocimiento de que Dios creó al ser humano, varón y mujer, donde se siguen normas claras de la moral católica”.
Por otro lado, ONU Mujeres ha lanzado múltiples campañas informativas acerca del embarazo, el aborto, planificación familiar y métodos anticonceptivos.
Abordando este último, el acceso a los métodos anticonceptivos ha ido en aumento en países desarrollados, así como en vías de desarrollo. En el año 2011, un 63% de mujeres en un rango de edad de 14 a 49 años, estaban usando algún método anticonceptivo; esto es un gran avance en comparación al 54% que arrojaban los años noventas.
Así mismo, la organización Human Rights Watch (HRW), indica que se ha criminalizado el aborto en múltiples ocasiones, acusado de atentar contra el derecho a la vida. No obstante, en 2013, la OMS indicó que “la tasa de mortalidad materna en los países en desarrollo fue de 230 por cada 100.000 nacidos vivos, mientras que en los países desarrollados fue de 16 por cada 100.000”.
Además, las organizaciones DDHH han calificado las leyes que penalizan el aborto como “discriminatorias y un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a atención médica”.
Redes de apoyo y el libre ejercicio sexual
En Guatemala existen leyes que garantizan el respeto de los derechos sexuales y reproductivos; por ejemplo, la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar.
Por otro lado, los Defensores de los Derechos Humanos de la Mujer (DDHM), quienes participan efectivamente en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y la igualdad de género. Sin embargo, dichas personas son víctimas de violencia y acoso por parte de diversos sectores de la sociedad.
Los defensores han buscado crear una alianza entre ellos y las víctimas; permitiendo así la participación de diversos actores de la problemática social. Esto da origen a debates, grupos de discusión y análisis, lo que genera datos y permite estudiar patrones de comportamiento, para tener perfiles de abusadores.
Sin embargo, instituciones como Guttmacher y UNFPA, sostienen que para lograr la libertad sexual hay que trabajar en la raíz del problema, que en este caso sería, la casi nula educación sexual en el país.
La educación sexual en Guatemala, está regulada por el Ministerio de Educación, a través de la EIS, que significa Educación Integral de la Sexualidad, sin embargo, esta no es la realidad.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Guatemala) realizó en 2015 una investigación sobre los programas de educación sexual que eran impartidos en el país. Dicho estudio estimó que solamente el 7% de la muestra de estudiantes de 14 a 17 años de edad, había recibido enseñanza sobre todos los temas que constituyen la Educación Integral de la Sexualidad (EIS).
Varias organizaciones se han unido en pro del reconocimiento de los derechos sexuales de los niños y niñas; entre ellas, la campaña Niñas no madres, quienes buscan informar sobre "las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en la vida de las niñas". Así como la campaña de concientización #PodríaSerTuRealidad, de Unicef, sobre el matrimonio infantil y uniones tempranas forzadas, debido a que Guatemala ocupa el 2° lugar del mundo en número de embarazos en adolescentes.