Consulta popular para enjuiciar a expresidentes mexicanos: ¿Justicia o propaganda?

Por nuestra corresponsal en México, Marta Durán de Huerta.

El domingo 1° de agosto se realizará en México una consulta para preguntarle a la población si está de acuerdo con castigar los crímenes del pasado. La iniciativa vino del presidente Andrés Manuel López Obrador y estaba dedicada a los expresidentes.

Pero tras ríos de tinta en la prensa y largas discusiones legislativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió la pregunta por otra tan ambigua como amplia: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Para esta única pregunta habrá una única respuesta: sí o no. Hay una intensa campaña para que los 93 millones de mexicanos inscritos en el Padrón Electoral participen. La infraestructura la proporciona el Instituto Federal Electoral (INE).

La consulta ha dividido las opiniones. Los que se oponen a ella, sostienen que no se necesita someter a votación la aplicación de la ley y critican severamente que, a pesar de tener pruebas contundentes de los crímenes cometidos por ex presidentes y funcionarios del pasado, la Fiscalía General de la República no los ha llevado a juicio. En un estado de derecho, los crímenes se persiguen y castigan en automático sin consultar a nadie.

Otros opinan que los delitos cometidos en gobiernos anteriores ya se prescribieron, pero olvidan que los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, la tortura, la esclavitud y las masacres no prescriben. Incluso hay defensores de derechos humanos que prefieren que los 522 millones de pesos (un poco menos que 24 millones de dólares) que costará la consulta, mejor se utilicen para combatir la pandemia.

Solo será vinculante si votan 37,5 millones de ciudadanos

Los que apoyan la consulta, la ven como un ejercicio democrático y esperan que de él surja una comisión de la verdad y un maxi proceso. Para que sea vinculante se necesita un mínimo de 37.439.000 votos, es decir, el 40% del padrón electoral, que está compuesto por 93.528.473 ciudadanos.

Los políticos ven a la consulta popular como una herramienta que les dará legitimación y buena imagen independientemente del resultado. Para las víctimas, el significado es otro. En un país con sed de justicia, donde esta es selectiva y politizada, es una oportunidad para exigir resultados y que el presidente cumpla su promesa de poner fin a la impunidad, desbaratar las redes de protección criminal, frenar la corrupción y poner fin al pacto de silencio.

Omar García, normalista de la escuela de Ayotzinapa y sobreviviente del ataque de Iguala en la que desaparecieron 43 estudiantes, considera por ejemplo que la "importancia de la consulta reside en que pudiera devenir en la creación de una gran comisión de la verdad. Pero también en el inicio de contrapesos reales al poder político en México".

Los colectivos de víctimas a veces ni siquiera quieren castigo para quienes desaparecieron a sus seres queridos, solo quieren saber dónde están, qué pasó con ellos. Quieren descubrir la verdad.