Entra en vigor nueva ley antimigrante en Texas que penaliza transportar indocumentados

Como muchos estudiantes universitarios, Jacqueline Sánchez Martínez depende de su familia.

Vive con sus padres y necesita de su apoyo económico para terminar sus estudios en la Universidad del Norte de Texas. Pero su familia también se atiene a ella.

Ella les traduce documentos oficiales y los mantiene informados sobre las leyes de inmigración en Texas.

“Es muy pesado”, dijo Sánchez Martínez el jueves en la noche en una sesión informativa sobre el Proyecto de Ley 4 del Senado (SB4) en Garland.

“Tengo que estar aquí; tengo que hacer esto”.

La nueva ley de Texas que entra en vigor este 6 de febrero de 2024 eleva las penas y sentencias mínimas obligatorias por transportar a personas que se encuentran en el país ilegalmente.

Tal como está escrita, la ley endurece el castigo por introducir personas de contrabando y operar una casa de seguridad, o cualquier otro bien inmueble, vehículo o tienda de campaña con ese fin.

La ley que entra en vigor este martes coincide con otro proyecto de ley que fue firmado recientemente por el gobernador Greg Abbott.

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Esa propuesta de seguridad fronteriza otorgaría a las autoridades estatales el derecho de arrestar y deportar a los migrantes.

Asimismo definiría un nuevo delito menor Clase B de entrada ilegal desde otro país.

Según esa propuesta de ley, si una persona que se encuentra ilegalmente en el país se niega a acatar la orden de un juez estatal de Texas de regresar al país desde el que entró a Estados Unidos, la falta se convierte en delito mayor.

Funcionarios del gobierno mexicano han dicho que México rechaza firmemente esa ley, considerando que muchos migrantes que entran a Estados Unidos lo hacen a través del vecino país del sur.

La Suprema Corte ha dictaminado anteriormente que los estados no tienen autoridad sobre asuntos migratorios, ya que esto es competencia del gobierno federal.

Es con base en ese precedente que abogados, defensores de los migrantes y algunos legisladores sostienen que esa ley es inconstitucional.

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Abbott ha defendido la constitucionalidad de la ley y ha dicho que no le sorprendería si es impugnada en los tribunales.

“La administración Biden hará todo lo que pueda por negar a los texanos la posibilidad de tomar la iniciativa y salvaguardar a nuestro estado y nuestro país y empezar a tratar de imponer algún control sobre la frontera”, dijo Abbott en noviembre.

Aunque son escasos los detalles de cómo se aplicaría dicha ley, quienes se han pronunciado contra la propuesta, como la representante Ana Maria Ramos, demócrata por Richardson, han dicho que los efectos pueden ser devastadores para las familias en condición migratoria mixta.

Si una persona que conduce un automóvil con su familia a bordo recibe la orden de detenerse, dijo Ramos, y algunas personas en el vehículo están ilegalmente en el país, el conductor podría ser sentenciado a 10 años de cárcel.

Esa pena puede ser reducida a delito mayor en tercer grado, punible con cinco años de cárcel, si el conductor, por ejemplo, es familiar de los pasajeros indocumentados, según el proyecto de ley.

Ramos dice que las leyes para combatir el contrabando humano podrían afectar a texanos inocentes cuando llevan a amigos o familiares indocumentados a lugares como una iglesia o un supermercado.

“Puede afectar a más personas de las que busca afectar”, dijo Claudia Guerrero, abogada de inmigración en Richardson.

“Yo creo que eso es lo que está causando tanta preocupación a tanta gente”.

Ramos aconsejó mantener actualizado su registro vehicular, conducir con prudencia y ser muy precavido para evitar una interacción innecesaria con agentes policiales del estado.

Hasta ahora, las personas en Texas no tienen que revelar su estado migratorio a los oficiales del orden público, dijo Ramos.

Agregó que en ciudades de Texas como Houston y Dallas los oficiales de policía no quieren tener que andar revisando la situación migratoria de las personas sino abocarse a su trabajo de velar por la seguridad pública.

“Los policías no están versados en leyes de inmigración porque no son abogados”, dijo Ramos. “Es darle hasta al guardia del centro comercial autoridad para aplicar las leyes de inmigración.

La inminente entrada en vigor de la ley ha dado lugar a angustiosas conversaciones en la familia de Sánchez Martínez.

Quiere saber a dónde van y cuándo; quiere protegerlos lo más que pueda.

“Tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que hacemos”, dijo Sánchez Martínez, de 21 años.

“Pero con esta ley, el hecho de que yo podría terminar en la cárcel, tengo que tener mucho, mucho cuidado en lo que hago. Si mis acciones antes eran una presión para ellos, ahora más”.

Sánchez Martínez se graduará en mayo de relaciones internacionales. Su plan es estudiar derecho para ser abogada de inmigración.

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